Enrique Jonguitud
Ciudad Victoria.– El incumplimiento en el pago de pensión alimenticia podría ser considerado formalmente como violencia económica en Tamaulipas, luego de que una diputada local presentó una iniciativa para modificar la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado y reforzar las medidas contra quienes evaden esta obligación.
La propuesta surge ante el aumento de casos de incumplimiento alimentario que afectan directamente a mujeres y menores, situación que, según se advirtió, genera inestabilidad económica y emocional en miles de familias y limita la capacidad de subsistencia de quienes dependen de estos recursos.
La legisladora impulsora señaló que el objetivo es cerrar vacíos legales que actualmente dificultan la actuación de las autoridades, además de fortalecer la protección legal y permitir intervenciones más rápidas cuando se detecte el incumplimiento.
«La violencia económica limita la autonomía de las mujeres y afecta directamente su capacidad de subsistencia. Reconocer explícitamente la omisión de pensión alimenticia como una forma de violencia económica es un paso fundamental para proteger los derechos de las mujeres y de la infancia en Tamaulipas», destacó la legisladora Castro Armenta.
De aprobarse la reforma, se establecerían mecanismos más claros para exigir el cumplimiento de las responsabilidades económicas, además de reforzar la corresponsabilidad en la manutención de hijas e hijos.
«La omisión de pensión alimenticia no es solo un problema económico, sino también social y emocional. Con esta reforma, buscamos visibilizar esta forma de violencia y enviar un mensaje claro sobre la corresponsabilidad en el cuidado y sostenimiento de las familias», señaló.
La iniciativa también busca armonizar la legislación estatal con criterios nacionales e internacionales en materia de igualdad de género, en un contexto donde organizaciones civiles han advertido el incremento de este tipo de casos.
«Con esta iniciativa Tamaulipas avanza hacia un marco normativo más sólido y en armonía con los estándares nacionales e internacionales en materia de igualdad de género y derechos humanos», concluyó la diputada.